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Acuerdo casi unánime en el Senado para la regulación del baremo de daños sanitarios

14 de Marzo de 2017
ActaSanitaria.com

La Comisión de Sanidad del Senado ha alcanzado un acuerdo casi unánime para instar al Gobierno a regular el baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria, ya que sólo Podemos votó en contra de la moción presentada por el Partido Popular (PP) para ello.

La sesión de este órgano de la Cámara Alta contó con la participación de, entre otros, su presidenta y miembro del PP, María del Carmen de Aragón; su vicesecretario segundo y representante de Podemos, Ignacio Bernal; y el vocal del PP, Jesús Ramón Aguirre.

Ante la presencia también de otros senadores, como José Martínez Olmos y María Perla Borau (PSOE), María del Mar del Pino (Grupo Mixto), Nerea Ahedo (Grupo Parlamentario Vasco) y Anna Azamar (Esquerra Republicana), se llegó a un acuerdo sobre esta moción, a la que se añadió una transaccional tras enmienda presentada por los socialistas.

“Contemplar, en el marco de reformas legales sobre el funcionamiento de la Justicia y del Sistema Sanitario, un baremo sanitario específico de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria, así como sus características básicas”, es el comienzo de la citada enmienda del PSOE. En este sentido, los socialistas añaden que “en el plazo de seis meses, a contar desde la entrada en vigor de dichas reformas legales, elaborar un Real Decreto para la implantación y aplicación generalizadas de este baremo”.

Una vez estudiada la enmienda por parte del PP y los demás grupos, se dio conformidad a la siguiente transaccional: “contemplar, en el marco de reformas legales sobre el funcionamiento de la Justicia y del Sistema Sanitario, un baremo sanitario específico de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria, así como sus características básicas, con la finalidad de contribuir a una mayor seguridad jurídica, transparencia, agilidad en las indemnizaciones y reducción de la litigiosidad. Elaborar un Real Decreto para la implantación y aplicación generalizadas de este baremo”.

Poca claridad en el ámbito de la salud

 Precedido a este juego político practicado para aprobar el texto en relación con el baremo, Jesús Ramón Aguirre lo defendió al señalar que, en la actualidad, en cuanto a responsabilidad civil profesional en el ámbito de la salud, “no hay nada claro”. “Las empresas se van del sector”, denunció, tras lo que recordó el informe llevado a cabo en octubre de 2014 por el Consejo Asesor de Sanidad, el cual espera “que sea la base del baremo”.

El ‘popular’, que recordó que el Parlamento Europeo instó, en 2015, a España a hacer un baremo específico en Sanidad debido a “la gran litigiosidad” observada, manifestó que ya se hizo “en Francia y Portugal”. Además, y tras señalar que la regulación del baremo es un mandato recogido en la disposición adicional tercera de la Ley 35/2015, por la que se reguló el baremo de accidentes de tráfico, sostuvo que “la importancia del baremo es para que las empresas hagan provisión y se frene el incremento de las primas”.

“La estabilidad en la responsabilidad civil profesional, la disminución de la litigiosidad, y el beneficio para el paciente y las profesiones sanitarias”, fueron las ventajas que Aguirre enumeró en referencia al baremo, así como “la mayor seguridad jurídica, menos subjetividad, más equidad en las indemnizaciones y un menor tiempo para recibirlas”.

Una alta incertidumbre

María Perla Borao compartió la opinión del senador del PP en relación con una de las consecuencias del baremo, que sería “reducir la medicina defensiva”. Además, también coincidió en señalar que hoy en día existe “alta litigiosidad e incertidumbre” por la “laguna” de que no se haya regulado un baremo específico hasta la fecha.

“Las víctimas de errores médicos están en el limbo”, lamenta la socialista, que considera que “se precisa una normativa estatal”. “Acabar con las diferencias entre comunidades autónomas” es otra de las metas, afirmó, al tiempo que declaró que “carecer de un baremo es desconocer las causas de los errores”, lo que “propicia la cultura de la culpa y el miedo”.

La OMC lo pidió hace tres años

Tras afirmar Borao que la Organización Médica Colegial (OMC) pidió el baremo hace años, Aguirre declaró que su ya expresidente, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, indicó en su momento que los efectos de uno específico “son rigurosamente positivos desde el punto de vista social, sanitario y económico”.

Por su parte, Podemos, a través de Ignacio Bernal, intentó sin éxito incluir una enmienda. La misma instaba al Gobierno a “modificar el art. 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas para fijar en tres años el plazo de prescripción para las reclamaciones de responsabilidad contra la Administración”, entre otros puntos.

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